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-La iniciativa busca acabar con la impunidad que gozan los agresores influyentes.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la diputada Anayeli Muñoz para sancionar a los agresores de mujeres, independientemente de que tengan un cargo público.
La legisladora federal por Movimiento Ciudadano, señaló desde la Tribuna del recinto legislativo, que en México existe un alto índice de violencia de género, en las calles, en los lugares públicos y en los hogares, de ahí la importancia de legislar en contra de la impunidad y por los derechos de las mujeres mexicanas.
“No podemos enviar un mensaje equivocado a las millones de niñas y mujeres que cada día son golpeadas y violadas”, manifestó la diputada al presentar la iniciativa y obtener el respaldo de la mayoría de los legisladores, a quienes pidió sumarse a esta iniciativa que busca enviar mensaje correcto de que las mujeres en México importan.
Ésta iniciativa busca castigar a los agresores, sin importar el cargo público que tenga el agresor, sin importar de quién se trate.
Su objetivo es fortalecer las medidas de protección a víctimas especialmente en los casos en que los agresores son servidores públicos.
“El poder no debe ser factor para la impunidad y por lo tanto no se puede permitir que los agresores hagan mal uso de su cargo e incurran en abuso de autoridad”, manifestó la diputada federal de Movimiento Ciudadano.
Por lo tanto, no importa si agresor es diputado federal, local, alcalde, gobernador, o funcionario de cualquiera de los tres niveles de gobierno, se le debe castigar, porque para garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres, no solo se requiere de leyes más firmes sino del compromiso de hacerlas más efectivas, sin excepciones, sin privilegios.
“Que al cargo público no se convierta en un escudo protector para dejar impune la violencia de género”, enfatizó Muñoz Moreno.
La propuesta pretende reformar la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 9 para que los 3 órdenes de gobierno impulsen que, en los casos de violencia familiar cometida por personas servidoras públicas que se valgan de su posición de poder o cargo para ejercer, sean sancionadas con independencia de los delitos en los que haya incurrido la persona agresora, y que se prevea su sanción en las leyes administrativas aplicables.
También implica reformar el artículo 32 que señala que: Es fundamental para la emisión de las órdenes de protección que las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional tome en consideración la relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública por su cargo, contra la mujer, niña o adolescente, en situación de violencia.
