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Con el objetivo de fortalecer la Justicia, la Certeza Jurídica y el Equilibrio dentro del Sistema Educativo, la Diputada Lucy de León presentó una Iniciativa, la cuál fue aprobada, de Reforma al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes para proteger al Personal Docente, Directivo y Administrativo frente a denuncias infundadas, amenazas, intimidaciones y actos de hostigamiento.
La propuesta surge ante casos en los que una acusación sin sustento puede derivar en la separación inmediata de un maestro, afectar su reputación y poner en riesgo su trayectoria profesional, incluso antes de que exista una investigación o resolución de autoridad competente.
La iniciativa mantiene como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes, pero establece que ésta debe coexistir con principios fundamentales como la presunción de inocencia, la legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Entre sus principales alcances destacan:
- Sanciones de uno a tres años de prisión para quienes amenacen, intimiden o coaccionen a personal educativo en el ejercicio de sus funciones.
- Incremento de penas por actos de asedio y hostigamiento contra docentes, directivos y personal administrativo.
- Protección frente al uso de menores de edad para realizar actos de intimidación o acoso.
- Incorporación del principio de presunción de inocencia en los protocolos y procedimientos de atención de denuncias.
- Prohibición de sanciones anticipadas, separaciones arbitrarias del cargo o exposiciones públicas sin una investigación previa.
Asimismo, la iniciativa frenará los llamados “linchamientos mediáticos” que, a través de redes sociales, pueden condenar públicamente a una persona antes de que se esclarezcan los hechos.
“Lo propuesto no pretende obstaculizar las denuncias legítimas, sino garantizar que se atiendan con responsabilidad, respeto a la ley y pleno respeto a los derechos de todas las partes involucradas”.
Con estas reformas, Aguascalientes avanzaría hacia un modelo más justo y equilibrado, donde se proteja tanto a los estudiantes como al personal educativo, evitando condenas anticipadas y fortaleciendo la confianza en las instituciones.
Porque cuando se castiga injustamente a un maestro, no sólo se afecta a una persona; también se debilita la educación y se lastima a toda la sociedad.
